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Únicamente el 8% de los prostíbulos de Barcelona tienen licencia
De los 300 que estima el Ayuntamiento que hay en la ciudad sólo 25 tienen la licencia correspondiente una vez concluido el plazo de adaptación a la nueva norma
La inmensa mayoría de los prostíbulos que tienen actividad en Barcelona están ‘fuera de la ley’. Solamente 25 de los 300 burdeles de la Ciudad Condal tienen la licencia que les permite mantener su actividad. Así lo ha manifestado el gobierno municipal cuando fue cuestionado por CiU sobre la situación legal de estos locales transcurridos dos meses desde que acabase la moratoria dada por el Consistorio para que los prostíbulos se adaptasen a la nueva normativa de locales de concurrencia pública.
Los locales que presuntamente ejercen la prostitución en Barcelona han tenido tiempo para adaptar una realidad que no se ajusta a la legalidad a la nueva normativa. A pesar de eso, los locales no han respondido a este nuevo panorama que les afecta y únicamente en 25 locales se ejerce legalmente la prostitución, mientras que otros 45 han solicitado la correspondiente licencia sin obtenerla todavía.
El resto, hasta llegar a los 300 locales que el mismo Consistorio estimaba que funcionaban en la ciudad hace poco más de un año como prostíbulos, permanecen pues en una situación fuera de la normativa. Es decir, solamente el 8% están registrados como tales.
La realidad es que, se mire por donde se mire, la situación es un despropósito. El consistorio, al haber aprobado un decreto que regula estos locales, crea un marco legal y, además, por la ineficacia del mismo y la falta de determinación política por llevarlo a cabo, se desprende que el Ayuntamiento no pretende cambiar nada.
La oposición tampoco ha dado una respuesta a la altura de las circunstancias. El grupo parlamentario CiU ha reclamado que la Agencia para el Tratamiento Integral del Trabajo Sexual extienda su actuación también a las mujeres que trabajan en pisos y locales, y no sólo las que ejercen en la calle, como sucede ahora.
Esta iniciativa se impulsó para prestar apoyo a las mujeres que quisieran dejar la prostitución. Lo que propone CiU es que, ahora, este organismo trate de convencer a las mujeres que no habían pedido el apoyo y se dedican a esta actividad. Lo que cabe achacarle la formación convergente es que su propuesta es del todo alejada de la realidad. Primero porque ya para las mujeres que querían ser atendidas ha resultado un fracaso por el escaso número de solicitudes, pero más rotundo es el hecho de que las mujeres que se dedican a la prostitución o ganan mucho dinero y no quieren dejarla o están envueltas en redes de trata de mujeres y tienen ‘deudas’ contraídas con mafias.
De nuevo la prostitución se trata desde la política con una gran hipocresía fabricando leyes que la regulan supuestamente para restringirla pero que acaba favoreciéndolas.
Finalmente, -viendo el escaso éxito del decreto- se optó por que esta nueva norma se aplicase sólo a los locales de nueva apertura, permitiendo a los ya abiertos seguir funcionando a cambio de sí cumplir con el resto de condiciones -mínimos sanitarios, reservados, superficie mínima...-, para lo que se concedía un año de moratoria que concluyó el pasado enero. Cumplido el plazo, apenas 25 clubes de alterne han conseguido la licencia -lo que publicitan de manera visible en sus páginas en Internet-; otros 45 esperan obtenerla; el resto, hasta llegar a 300 -la mayoría con licencia de sauna, gimnasio o bar musical-, sigue en un estado de ‘ilegalidad’.
Después del escándalo mediático que se ha producido por la concesión de licencias del consistorio de Mataró para la construcción de dos macroprostíbulos, el Ayuntamiento se ha replegado y ha suspendido la autorización. El Ayuntamiento arregló suspender los citados permisos a la espera de ser regulado el planeamiento urbanístico. Lo que es evidente es que, con este gesto, el grupo socialista que rige el presente más inmediato del consistorio, pretende calmar las aguas en vista a las próximas elecciones catalanas que se celebrarán y retomar el tema tras los comicios.
En su día el Ayuntamiento lanzó balones fuera cuando la opinión pública lo colocó en la mira como principal responsable de la concesión de las licencias. Los socialistas emitieron entonces un informe con fecha 17 de febrero de 2009 en el que se defendían afirmando que los ayuntamientos “han de conceder o denegar [las licencias] en función de la legalidad vigente, sin que puedan exigirse otros requerimientos ni condicionamientos diferentes de los que aparezcan previstos en el ordenamiento jurídico”.
El mismo informe explica que tras la constatación por parte de Mataró de que los requisitos estaban en regla (requisitos que expendió el propio consistorio como, por ejemplo, el de urbanismo) se remitió a la Generalitat de Cataluña para que esta diera el visto bueno que tras unas correcciones dio su consentimiento para que en Mataró otorgaran las licencias el 8 de enero de 2010. Supuestamente, el hecho de que “esté ajustado a derecho” fue suficiente para la aprobación de las licencias.
¿Una actividad acorde con la licencia?
En lo que el Ayuntamiento no pone especial énfasis es que cuando se realizó el trámite de información pública del expediente “en los tableros de anuncios del organismo y en la web municipal, así como el trámite de información vecinal a los vecinos directamente afectados” el expediente se titulara como “Sala de fiestas con espectáculo y anexo”.
Es evidente que a pesar de que la actividad solicitada fuera esa, el título con el que se hizo pública mención del expediente está del todo equivocado. Ese hecho provocó, tal y como apunta el informe autodefensor del Ayuntamiento que no se presentara “ningún tipo de alegación al respecto”. El consistorio debería haber tenido en cuenta de que no se puede poner el nombre a una actividad y que los “anexos” sean la actividad principal.
Contrasta el hecho de que, tal y como admite el consistorio mataronés, “los ayuntamientos” tienen la obligación de facilitar las licencias si “las actividades solicitadas se adecuan al ordenamiento jurídico” con otro hecho: que suspendieran las licencias cuando el hecho trascendió a la opinión pública y se forjó el escándalo. Otro punto a tener en cuenta es la colaboración legal de la Generalitat en la aprobación de las licencias ya que sin ese trámite no habría sido posible.
Cae una red de explotación sexual
Algo que ya nadie duda es que tras tapaderas supuestamente legales relacionadas con el negocio de la prostitución se esconden redes mafiosas cada vez mejor organizadas. Recientemente la Policía Nacional, en colaboración con las autoridades rusas, ha desarticulado en Lleida a un grupo organizado de españoles y ucranianos que explotaban a mujeres extranjeras prostituyéndolas.
Las mujeres eran captadas en sus países de origen aprovechando que pasaban necesidad, eran trasladadas a España por miembros del grupo empleando un visado turista y adquiriendo una deuda de 3.000 euros. Una vez en España eran explotadas en clubs de alterne como el clausurado en Lleida.
La actual polémica sobre la prostitución ha venido provocada por diversos ayuntamientos de localidades catalanas que han mostrado su intención de autorizar la construcción de macroburdeles. Es el reciente caso de Mataró o de la Jonquera, aunque también se dan casos de localidades que ya han tenido prostíbulos de estas características a pleno rendimiento como son el de Agullana y los dos clausurados en Castelldefeles.
El pleno de Mataró trató de acordar conjuntamente una resolución pero fueron incapaces de ponerse de acuerdo. Por ello existieron cuatro propuestas diferentes de regulación de los establecimientos de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución: la del Tripartito que gobierna el consistorio (PSC, ICV-EUiA y ERC), la de CiU, la del PP y la de CUP.
A pesar de las numerosas desavenencias, finalmente, este jueves, 4 de marzo, el Ayuntamiento de Mataró en pleno se ha declarado oficialmente contrario a los macroprostíbulos después de que un empresario pidiera la licencia para la construcción de dos burdeles de grandes dimensiones. La declaración ha sido aprobada por unanimidad, a pesar de las diferencias de planteamiento que ha evidenciado un debate muy tenso entre el gobierno municipal y los grupos de la oposición CiU, PP y CUP.
Además de rechazar los macroprostíbulos, el consistorio insta a la Generalitat a reformar la actual normativa para que los gobiernos locales puedan limitar la proliferación de este tipo de locales.
El problema que posibilita la proliferación de estos macrolocales es un decreto aprobado en la época del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Lo curioso es que este decreto regula aspectos de los macroprostíbulos que, paradójicamente, no existirían si no hubiera tráfico de mujeres. Cabe recordar, que casi la totalidad de mujeres que ejercer la prostitución en estos locales están en una situación de ilegalidad en España. Sorprende pues que una actividad de esta naturaleza delictiva pueda ser regulada por un decreto. Sorprende, además, que proliferen estos locales en Cataluña cuando España está inmersa en una profunda lucha contra el tráfico de mujeres que es, exactamente, lo que nutre estos locales.
Una actividad que funciona a través de fundamentos de delincuencia es incongruente, y es incongruente que hayan macroprostíbulos que viven de la trata de mujeres cuando el Estado tiene un Plan abierto para erradicar el tráfico de personas y el tráfico de personas con fines de explotación sexual.
Este Plan de lucha contra el tráfico de mujeres establece necesidades que se deberían reflejar en el Código Penal. En la actualidad se está revisando el Código Penal y no se están introduciendo estos aspectos. El propio ‘Informe de la Ponencia sobre la Prostitución en nuestro País’ aprobado por la Ponencia de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades el 13 de marzo de 2007 afirma que “el fenómeno de la prostitución y el tráfico y la trata de mujeres están absolutamente relacionados”.
Contra el tráfico de mujeres y las redes de prostitución
La asociación E-cristians ha impulsado la una plataforma cívica contra el tráfico de mujeres y las redes de prostitución. Esta iniciativa resume en seis puntos las demandas de los ciudadanos ante los representantes políticos en el fenómeno de la prostitución.
“Expresamos el apoyo y felicitamos a los alcaldes y ayuntamientos –indica el documento- que luchan para impedir que el tráfico de mujeres y las redes de prostitución se localicen en sus municipios. Queremos hacer una mención destacada del alcalde de Cabrera de Mar, al que le ofrecemos todo nuestro apoyo”.
La plataforma exige al gobierno español “que dé explicaciones al Congreso de los Diputados y con carácter urgente, de las actuaciones que ha llevado a cabo para cumplir con el primer año de aplicación del ‘Plan Integral de Lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual’”. Asimismo, se urge “su más diligente aplicación” y se pide que se aproveche la actual reforma del Código Penal que se está tramitando en las Cortes Generales “para introducir todos aquellos aspectos que contempla el mencionado ‘Plan Integral de Lucha’”.
“También pedimos al gobierno la inspección regular y frecuente por parte de Hacienda y de Trabajo de este tipo de locales a fin de verificar su adecuación a la legislación en materia de fiscalidad, inmigración y condiciones laborales”, afirma el texto.
La iniciativa insta la Generalitat de Cataluña a modificar el Decreto 217/2002, de 1 de agosto “por el que se regulan los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución”, para evitar “que sirva como hasta ahora para dar cobertura legal a los prostíbulos de grandes dimensiones convirtiéndose así en un factor que favorece el tráfico de mujeres y las redes de prostitución”.
Finalmente, la plataforma anima a los consistorios ya los partidos políticos a “que se opongan a que continúen entendiendo en Cataluña las redes de prostitución” y hacen un llamamiento a las entidades de la sociedad civil “a compartir las presentes medidas, y todas aquellas otras que desde otros ámbitos sociales puedan generarse con el mismo fin”.
El proyecto que se está llevando a cabo en la localidad catalana de Mataró y que prevé la construcción de dos macroburdeles sigue levantando polvareda. Las asociaciones de vecinos ya están comenzando a movilizarse en torno a este hecho que degradará indefectiblemente la zona en la que se localizarán los prostíbulos. Además, este episodio deja mal parado un decreto de la época del gobierno de CiU que regulaba este tipo de locales y que pecó de ingenuidad.
El Decreto 217/2002 que regula “los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución” aborda las condiciones sanitarias a las que se deben atener estos centros. Se trata de un documento aprobado por la Conselleria d’Interior en la época en que lo administraba el convergente Xavier Pomés bajo la presidencia de Jordi Pujol.
Sucede que una vez más se demuestra dos cosas:
1.- La incongruencia de la Administración con el problema de la prostitución
2.- Que cualquier paso que intente regular y reglamentar la actividad de la prostitución, aunque solamente sea para regular la salubridad exigible normativamente a los prostíbulos, sirve como agarradero para que las redes de corrupción que se esconden detrás de empresas supuestamente legales consigan llevar a buen puerto lo que no es legal.
Cabe recordar que el presupuesto para que en España sea legal la prostitución es que se ejerza ‘libremente’, es decir, que nadie se lucre con la actividad de la mujer que se prostituye. El proxenetismo, por lo tanto, está penado por la ley. El problema es que si se regula las condiciones de los locales (como así fue con el Decreto 217/2002), se abre la puerta a la entrada de macroburdeles como los proyectados en Mataró o La Jonquera, y los clausurados en Castelldefles –el Saratoga y el Riviera-.
La legalidad llevada al límite
Los casos de los macroprostíbulos Saratoga y Riviera demostraron el filo en el que los propietarios conseguían que su actividad fuera legal. Ambos locales se definían como lugares donde las mujeres podían alquilar habitaciones para acudir con sus clientes. Lo cierto es que la operación de la Guardia Civil desveló que existía una red de extorsión y trata de mujeres. Además, las mujeres cobraban por servicio realizado, tenían horarios regulados y había una empresa detrás de esta actividad ilícita.
El hecho de que la Generalitat establezca una medida legal hace que los empresarios del sexo tengan un resorte jurídico donde asirse. Al existir una norma específica, los empresarios del sexo sacan partido a esa norma. Por lo tanto, influye, y mucho, la interpretación que le da la administración a esa norma. Si a eso se le suma que el Gobierno de Montilla es evidentemente favorable a mostrar manga ancha con la prostitución queda un panorama idóneo para que las redes de tratas de mujeres realicen su actividad impunemente.
Es evidente que el gobierno de Pujol quiso consolidar una situación de hecho a través del decreto, pero pecó de ingenuidad y falta de visión ya que ahora el tripartito aprovecha esas lagunas para justificar la aprobación de estos macroburdeles.